La educación volvió a ser agenda de campaña, esta vez de la mano del cuestionamiento a la obligatoriedad y la gratuidad de la educación en nuestro país. ¿Qué hay detrás?

Las escuelas que habitamos de pequeños, donde jugamos, aprendimos y soñamos, el lugar que fue y es generador de encuentros, de oportunidades y de compartires para los niños, niñas y adolescentes de nuestra patria, muchas veces es puesto en cuestión y reducido a simplificaciones tales como “la educación funciona bien o mal”. Esta vez fue Milei, uno de los candidatos a presidente, quien con liviandad expresó “el sistema de la obligación no funciona” y agregó “iría a un sistema de voucher, para que pudiera existir competencia en las distintas instituciones”. Su expresión y propuesta, además de encerrar mentiras y simplificaciones, pueden llevarnos a grandes riesgos como sociedad, por eso, esta nota. 

Aclaración necesaria: lo antes dicho, no da por sentado que el sistema Educativo está perfecto asi como está.  Al contrario, hay muchas cosas por hacer pero para eso, es necesario partir de diagnósticos reales y no falsos, como también de soluciones que den respuesta a la complejidad del sistema. 

¿El sistema obligatorio no funciona?

 La obligatoriedad en nuestro país data desde 1884 con la Ley 1420, que estableció el nivel primario obligatorio. Continuó con la Ley Federal de Educación en 1993, que extendió los años de obligatoriedad hasta llegar a la Ley de Educación Nacional (2006), actualmente vigente, que establece la obligatoriedad desde la sala de 4 años, del nivel primario y del nivel secundario.  Según los últimos indicadores de la  SITEAL  para el año 2018:

• La asistencia escolar al último año de la pre-primaria era de un 97,8 % 
• El porcentaje de población que no asisten en edad de estar en la primaria era de un 0,8 %
• El porcentaje de población que no asiste en edad de estar en la secundaria era de un 5,3 %

Teniendo en cuenta estos indicadores, se podría decir que en el 2018, en términos generales y aproximativos, la asistencia en los años obligatorios, oscilaba entre el 90% y el 95%. Resultaría importante saber, a partir de qué indicadores Milei, fundamenta su  “diagnóstico”. 

La obligatoriedad, como señala Juan  Carlos Tedesco (2010)¹, no es  “solo para uno de los actores, sino que compromete a todos.” En ese todo, se encuentra como principal responsable y garante: el Estado, pero también se incluye a las familias, los estudiantes y la comunidad.  Es este compromiso, la que lleva a movilizar a los distintos actores mencionados a buscar a los estudiantes que aún no accedieron a la educación o que la abandonaron.  

En esos encuentros, es que muchas veces se posibilitan las nuevas oportunidades y acompañamientos para el niño, niña, adolescente y familias que pueden encontrarse atravesando situaciones de riesgo, de vulneraciones de otros derechos, entre otras cuestiones. Si no fuera obligatorio, ¿Quién se preocupa y se ocupa de quienes no están en las aulas?  

Pronunciarse en contra de la obligatoriedad es avasallar derechos alcanzados y establecidos en nuestras leyes, en la Constitución Nacional y en declaraciones como la Universal de los Derechos Humanos².  

¿Vouchers para que las escuelas compitan? 

 La propuesta consiste en la entrega de voucher a las familias para que elijan la institución educativa a donde desean que sus hijos e hijas vayan, sin importar la gestión. En palabras de Milei, “Vos tenés plata para ir a la escuela que vos quieras. Eso las obliga a competir, y aquellas que tengan malos contenidos o malos profesores, quebrará” 

Esto se traduce principalmente en el traslado de las lógicas del mercado a la educación. De manera tal que la competencia entre escuelas, docentes y familias toma un lugar central.  Y como aprendimos en la escuela, en una competencia siempre alguien gana y alguien pierde. Jugar puede resultar divertido pero cuando se trata de las trayectorias educativas de niños, niñas y adolescentes deja de serlo. 

Un claro ejemplo de esto, es el caso de Chile, donde el sistema de vouchers funciona desde 1982 y en función de ello, se crearon distintas políticas cómo el Sistema Nacional de Medición de la Calidad de la Educación (SIMCE)³ que consiste en una evaluación nacional de rendimiento para todos los establecimientos del país.  Los resultados son compartidos a todas las familias, a modo de ranking, para que puedan elegir. Estos cambios, trajeron modificaciones drásticas en el sistema educativo chileno y en el sentido de su educación, al nivel de que algunos autores hablan de  “empresa educativa chilena”⁴. La prioridad se convierte en atraer estudiantes y para eso es necesario obtener buenos resultados en la prueba.  Cómo consecuencia, “las prácticas pedagógicas tienden a centrarse exclusivamente en el entrenamiento de estas pruebas estandarizadas” (AAV, 2011, p.316).  A su vez, esto genera una fuerte presión en estudiantes y docentes, porque la posibilidad del cierre de su institución se vuelve un miedo presente⁵. En el caso de que sucediera, los estudiantes deben cambiar su lugar de estudio, con todo lo que eso puede implicar y los docentes cómo los trabajadores de la educación pueden perder su trabajo.

¿Te imaginás si esto sucediera en nuestro país, sumado a la quita de la obligatoriedad? Perderíamos todos porque aumentaria la exclusión, la discriminación y el desempleo. Ni hablar si se acompasa con todas las propuestas que expresó Milei, como la dolarización y la libre portación de armas. Con ese combo, el 2001 nos queda chico.

En conclusión 

La educación que tenemos hoy es un punto de llegada de las luchas dadas para que la educación no sea sólo para unos pocos (como lo fue el nivel secundario en sus comienzos) sino que, por el contrario, sea un derecho garantizado de toda la sociedad en su conjunto, sin discriminación de clase, género y etnia. Es el lugar que posibilita construir nuevas miradas, sueños y oportunidades, sobre todo en un mundo tan desigual. 

La expresión de Milei, no es más que otra estrategia discursiva que intenta embestir simbólicamente sobre la educación que tanto costó construir. La ubica como un lugar de sospecha y en crisis.  Sin embargo, si hay algo que nos caracteriza como pueblo argentino, es la resistencia y la defensa de los derechos conquistados. 

Todavía nos falta, en cada nivel hay diferentes problemas a resolver.  Por ejemplo, para el nivel inicial, que exista una oferta amplia en todo el país de instituciones educativas a partir de los 45 días. En el nivel primario, es urgente continuar mejorando las infraestructuras, reducir las desigualdades en los recorridos, y promover enseñanzas-aprendizajes significativos.  Para el nivel secundario, revertir el abandono escolar y repensar el patrón organizacional que Terigi (2008) llama  “trípode de hierro” y para el nivel superior, actuar para que dejen de acceder sólo unos pocos. Estos son sólo algunos. 

Las soluciones a estas problemáticas para que funcionen, requieren de la participación de la comunidad educativa, la planificación estatal y  la articulación de sus distintos niveles, siendo el ordenador la garantía de derechos de los niños, niñas y adolescentes.  

Por último, frente a miradas individualistas, de exclusión y de odio vigentes, es necesario seguir apostando a lo público, a lo comunitario y a lo solidario. Que el enojo y la bronca por promesas incumplidas no nos haga olvidar nuestra historia y creer que cualquier cambio por cambio es mejor. Cuidemos la educación que supimos construir.

Al changuito de mi pueblo,  y a los pibes de mi barrio a los hijos de mi tierra, para todos ellos canto,para que se acerquen a la escuela, los estamos esperando.

Alejandro Lerner, “A la escuela”

1. Tedesco,  J. C  (2010) “Prioridad de las políticas educativas” en Educación secundaria. Derecho, educación y desarrollo.  Desafío para la educación de adolescentes.  Página 41. Unicef  Argentina.
2. Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) Art. 26: “Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria.”
3. El SIMCE (1988) es una evaluación de carácter censal y obligatoria. Se aplica a estudiantes de 2°, 4°, 6°, 8° básico, II y III medio, y se informa oportunamente a los establecimientos las asignaturas que serán evaluadas en el año en curso, en el nivel que corresponda.
4. AAVV (2011) “La empresa educativa Chilena” Educ. Soc. Campinas v.32, n.115, 305-322- abr-jun 2011  http://www.cedes.unicamp.br
5. Crítica a la rendición de cuentas: narrativa de resistencia al sistema de evaluación en Chile. Mauricio Pino Yancovic, Gonzalo Oyarzún Vargas, Iván Salinas Barrios. https://www.scielo.br/j/ccedes/a/H3ZhGqxMTWqHV9PqqRQSgDk/?format=pdf&lang=es    

Publicada el 27 de abril de 2023