Símbolo de la política inclusiva a nivel educativo y tecnológico, El Programa Conectar Igualdad es relanzado en 2022. Martín Becerra analiza sus impactos.
El relanzamiento del Programa Conectar Igualdad (en adelante, PCI), anunciado por el gobierno en el Boletín Oficial del 12 de enero pasado, expresa los espasmos de las políticas públicas de la última década ante la informatización de la sociedad y, si bien opera en la secundaria como ámbito que es vestíbulo de la inserción sociolaboral y/o de estudios superiores, tiene impactos en los millones de hogares de los destinatarios de los dispositivos digitales.
En este sentido, recrear el PCI es un ambicioso proyecto de múltiples repercusiones: es una reparación histórica, es una respuesta a las brechas digitales que estructuran la vida social, es una compleja acción de política educativa y de revisión curricular en un sistema descentralizado con 24 jurisdicciones con problemáticas específicas, es una toma de posición frente a las proveedoras de equipamiento y software y, en este sentido, una posible línea de reactivación industrial. Es, en suma, un cúmulo de desafíos a futuro.
La letra del Decreto 11/22 firmado por el presidente Alberto Fernández, el jefe de Gabinete Juan Manzur y el ministro de Educación Jaime Perczyk dice que el objetivo es la entrega de una computadora a cada estudiante y a cada docente para -en principio- las escuelas de educación secundaria y de educación especial de gestión estatal.
Creado en 2010, el PCI original entregó más de cinco millones de computadoras a estudiantes y docentes. Su diseño original fue concebido como una adaptación del modelo “one laptop per child”, ideado por el gurú tecnofílico Nicholas Negroponte, que inspiró planes similares en otros países (como el “Ceibal” en Uruguay, pionero en la región latinoamericana). No obstante, entre 2010 y 2016, el Programa “Conectar Igualdad” evolucionó forjando identidad propia con impactos dentro y fuera del aula, lo que a su vez fue auditado y evaluado tanto por instituciones oficiales, organismos internacionales y estudios académicos.
La eficacia de Conectar Igualdad supera los millones accesos materiales garantizados (para indagar indicadores ver por ejemplo por la CEPAL) y contrasta con el fallido propósito inicial del Programa Educ.ar (lanzado en 2000), que en sus primeros tres años no logró conectar siquiera a veinte escuelas rurales a Internet.
El PCI se insertó en una batería de políticas públicas dirigidas a la conectividad y el acceso, como la construcción de la red federal de fibra óptica (ReFeFO) por parte de la empresa estatal ArSat, como su plan satelital, el sistema “Televisión Digital Abierta” cuya plataforma integró las señales cultural-educativas Encuentro y Paka-Paka –también estatales-, la licitación de comunicaciones móviles 4G que permitió la reconversión de las redes y la migración definitiva de los usos sociales hacia el segmento móvil en los años posteriores a 2014, la Ley de Telecomunicaciones y TIC “Argentina Digital” (y su antecedente audiovisual de 2009, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual). Con vocación de protagonismo estatal en el marco de relaciones con industrias de telecomunicaciones, TIC y audiovisual lideradas por privados, al igual que sus cadenas de suministros, y no siempre de modo articulado ni carente de contradicciones en su aplicación por los distintos organismos a cargo de cada una, las mencionadas líneas signaron el impulso a las políticas de comunicación (en sentido amplio) de las presidencias de Cristina Fernández de Kirchner.
Entre 2010 y 2016, el Programa “Conectar Igualdad” evolucionó forjando identidad propia con impactos dentro y fuera del aula, lo que a su vez fue auditado y evaluado tanto por instituciones oficiales, organismos internacionales y estudios académicos.
En los hechos, el Programa “Conectar Igualdad” significó no sólo el acceso de estudiantes a un dispositivo para conectarse en red, que para los de menores recursos fue el primero en su vida, sino que, además, implicó una valorización de esas/os adolescentes que aportaban al hogar un bien preciado, necesario para estudiar/trabajar/comunicarse con afectos/entretenerse. Y lo hacían como parte del sistema medio de educación, tan descalificado -como la adolescencia- a diestra y siniestra.
Pero en un país con brechas digitales resultado de fracturas económicas, geográficas y de accesos a bienes culturales, Conectar Igualdad introduce otros ejes dignos de análisis. La asignación de recursos públicos de la seguridad social para diseminar tecnologías entre los sectores de menor poder adquisitivo es un modelo de intervención inclusivo.
En el contexto argentino, el valor diferencial de Conectar Igualdad tuvo cinco pilares: fue un instrumento que no discriminó geográfica ni económicamente a sus beneficiarios, a diferencia de la distribución de casi todos los bienes y servicios (incluso los de carácter público), realzando la importancia que tuvo para sus destinatarios ese reconocimiento; facilitó el acceso a un dispositivo percibido como indispensable para la inserción laboral o la prosecución de estudios superiores, por lo que recreó una de las funcionalidades de la educación media más horadadas por el neoliberalismo (su utilidad); las netbooks eran un activo con alto valor de mercado cuya custodia se encargó a un grupo social (los adolescentes) generalmente impugnado por irresponsable; diseminó un artefacto que combinaba prácticas de socialización, como la comunicación en red y el entretenimiento, junto a la movilidad y la ubicuidad; y priorizaba un espacio degradado en la dotación de recursos, como es la escuela pública, a la que asistían y asisten, sobre todo, las clases populares. La integración de estos recursos en los contenidos educativos fue un desafío que la ejecución del PCI hasta 2016 fue asumiendo con desigual impacto; de igual modo, la conectividad de los establecimientos educativos representó en algunos casos una limitación por la complejidad de la administración del sistema entre Nación, provincias y CABA y la recurrente pregunta de quién paga los cargos del servicio una vez que las escuelas son conectadas.
La historia posterior es la de su desmantelamiento. Bajo la presidencia de Mauricio Macri eso es, por más reciente, conocido, coronado por la desidia de dejar sin distribuir miles de computadoras que, por consiguiente, quedaron más obsoletas. Al dinamitar el PCI entre 2016 y fines de 2019, el gobierno privó a millones de estudiantes del acceso a (y actualización de) dispositivos digitales, y erosionó la consecuente construcción de saberes y capacidades imprescindibles en el mundo actual. Peculiar concepción de la meritocracia.
La falta de acceso de estudiantes y docentes a dispositivos adecuados, junto a las deficiencias estructurales de cobertura (geográfica) y accesibilidad (precios) de las conexiones de red, fueron los principales condicionantes de los procesos educativos en las respuestas ensayadas durante el primer año y medio de pandemia COVID_19. Otra hubiera sido la experiencia si los hogares con integrantes en el nivel medio de enseñanza hubiesen tenido mejores dispositivos de acceso. Curiosamente, este no fue un reclamo masivo en 2020 y 2021.
A pesar del crecimiento del número de accesos fijos y móviles, y de la transformación de la calidad de esos accesos a tecnologías de la información y la comunicación (TIC), en los primeros 20 años de este siglo XXI, la estructuración de la conectividad en la Argentina (documentada en este informe del autor) sigue marcada por las desigualdades socioeconómicas, geográficas, etarias y de género, lo que es usualmente aludido con la noción de brechas digitales. Es en función de esas brechas que programas como “Conectar Igualdad” adquieren importancia, así como cobra gravedad su desmantelamiento post 2016. Este problema –como, en general, las cuestiones asociadas a la desigualdad- no lo resuelve el mercado (no es su función): se precisan políticas públicas.
La historia de “Conectar Igualdad” en la última década, desarme incluido, resume las contradicciones de las políticas públicas en los campos de la educación y la comunicación. Además, es una lección sobre los efectos reales de las políticas del PRO, que contrastan con el imaginario de sus anuncios-eslogan en educación y cultura -esloganes que propagandizan con esmero militante sus aliados mediáticos y también, paradójicamente, muchas/os especialistas enredadas/os más en los discursos que en las prácticas-: el desmantelamiento de una política pública que era robusta, que contaba con evaluaciones, y que permitía mejoras en muchos planos, ejecutada en nombre del futuro y una vaga concepción del beneficio individual, amputando con ello capacidades sociales instaladas y restándole al Estado inteligencia y programas de inclusión.
Esa política PRO es dañina incluso para los aliados a la formación que preside Patricia Bullrich, ya que UCR, la Coalición Cívica y GEN tienen sus bases y sus cuadros militantes en la educación pública -de manera más notable fuera de la Ciudad de Buenos Aires-. Pues bien, esas bases junto a su dirigencia intermedia fueron castigadas por la desactivación del “Conectar Igualdad” dispuesta por el personal dirigente nombrado por Macri en Educación.
Todas las evaluaciones del PCI realizadas en el país y en el exterior destacan los efectos positivos tanto en los procesos de enseñanza y de aprendizaje como de inclusión en el sistema escolar –en los años de vigencia del programa el sistema registró un incremento en su matrícula (efecto central de la Asignación Universal por Hijo), reafirmando que la política en la que se insertaba tenía un sentido igualador- y también como parte de la infraestructura social necesaria (que no es sinónimo de suficiente) en la era de la información.
Al relanzar el PCI, el gobierno nacional retoma una de las funciones del Estado como orientador del desarrollo de TIC, tanto en el plano industrial y comercial como en las decisiones tecnológicas, tal y como ocurre en todos los países centrales. En este sentido, una de las discusiones abiertas a partir de la novedad publicada en el Boletín Oficial refiere a la decisión de comprar dispositivos con “doble booteo” con el sistema operativo libre –creado por y para Conectar Igualdad- (Huayra GNU Linux) y propietario-privativo (Windows, además del paquete Microsoft Office), que parte de la comunidad técnica cuestiona reclamando que el Estado sólo incluya sistemas abiertos y libres.
Este tipo de debates y críticas orientados a mejorar los beneficios y la aplicación del Programa “Conectar Igualdad” tienen una condición necesaria: que la política pública a mejorar exista. En este 2022, vuelve a existir.
Publicada el 17 de enero de 2022.
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