La educación argentina y sus dimensiones son terreno de debate. Cuando la propuesta es centrar las discusiones, se producen intercambios acalorados y apasionados.

(Charla brindada ante un grupo de dirigentes de organizaciones sociales)

Imaginen que el ministro de educación los convoca a una reunión. Sí, a ustedes. ¿El tema? Hablar sobre la educación hoy: cómo la ven, qué creen que hay que hacer, qué harían ustedes en su lugar, por dónde comenzarían, dónde pondrían la lupa; en fin, los desafíos que enfrenta su gestión… La cita los sorprende, pero no les preocupa: hace rato vienen trabajando y reflexionando sobre el sector. Es una gran oportunidad.

I. La demanda

Se reúnen para prepararse y comienza la tormenta de ideas. Alguien se anima y menciona la baja calidad. Otra persona señala que no puede haber calidad sin equidad. Para cerrar la tríada también menciona la eficiencia. Uno de ustedes asiente, pero les recuerda que esos son meta objetivos, que deberían precisar las inquietudes que llevarán a la reunión. Por eso, señala la urgencia de encarar el abandono escolar, sobre todo después de la pandemia. También hay quien opina que deben incluir la repetición. El que está a su lado añade la sobreedad. No hay que olvidar los bajos aprendizajes, interrumpen desde atrás. Una colega acota que los estudiantes egresan de la secundaria sin suficiente preparación para el empleo; así, las empresas no encuentran trabajadores calificados.

El contexto socioeconómico en que se desenvuelve la escolarización no es el más favorable o propicio, señala una compañera. Más de la mitad de los alumnos se encuentra bajo la línea de pobreza, agrega. Este indicador viene creciendo sin parar año tras año. La tasa de repetición de los más pobres es casi tres veces más alta que la de los alumnos de mayores recursos. En cuanto a los aprendizajes, por ejemplo en Lengua, en el circuito estatal, el 40% de los alumnos de menores ingresos apenas tiene un nivel básico.

Alguien, atento al intercambio, comenta que esos son temas que conciernen a la matrícula (la demanda). Es más, rememora que antes se planteaba un sendero virtuoso que conectaba a la mayor (y mejor) educación con el crecimiento y el desarrollo económico. Ahora, en cambio, la pregunta debería ser cuánto crecimiento y desarrollo son necesarios para potenciar lo que se espera de la educación. Tal como están las cosas hoy, salvo programas específicos de apoyo a estudiantes y transferencias monetarias, no hay mucho que puedan aportar desde el propio sector. La clave está en la economía. Una buena política educativa necesita, sí o sí, de una buena política económica.

Unos disienten y reflotan la vieja discusión de si la escuela puede revertir factores socioeconómicos adversos. Negarlo sería cuestionar su propia razón de ser, casi. Otros responden con fuerza: luego de lustros de un sinfín de programas no mejoraron mucho la retención ni la promoción. Se tuvieron que tomar otras medidas para ello. Respecto a la cobertura, las acciones fueron otras. En todo caso, casi nada de lo que se hizo se evaluó rigurosamente y solo pueden conjeturar sobre el vínculo entre lo hecho y los resultados. En cuanto a los aprendizajes, como se vio, dejan mucho que desear. El diálogo, hasta ahora sosegado, se pone tenso por los desacuerdos.

Unos disienten y reflotan la vieja discusión de si la escuela puede revertir factores socioeconómicos adversos. Negarlo sería cuestionar su propia razón de ser, casi. Otros responden con fuerza: luego de lustros de un sinfín de programas no mejoraron mucho la retención ni la promoción.

II. La oferta

Un colega sugiere un tema menos controvertido para llevar a la reunión: en la historia argentina operar sobre la oferta -lo que provee el Estado- fue siempre más eficaz. De ahí que comente la falta de computadoras, e intercede por su provisión. Enseguida surge el tema del lamentable estado de la infraestructura escolar. Una compañera aprovecha y agrega que no hay que olvidar la escasez de vacantes todos los años y la necesidad de más edificios. No falta quien diga que sin plata no se podrá hacer nada: hay que aumentar el financiamiento; incluso habría que proponer que se elabore una nueva ley. Alguien sintetiza que se trata, como en cualquier organización, de brindar las condiciones necesarias para que sus profesionales puedan desempeñar su trabajo con comodidad; tan sencillo y difícil como eso. El ministro o ministra que lo logre será el mejor de las últimas décadas, sin duda. Se lo dirán cuando se reúnan.

Otra persona menciona los bajos salarios del sector. No puede faltar en los temas a tratar. Introducir la cuestión docente implica abrir la caja de Pandora: que habría que evaluarlos, que se ausentan mucho, que su formación es deficiente, que los sindicatos tienen demasiado poder, que lo que enseñan no interesa a nuestros jóvenes, que hay que cambiar el Estatuto….

Se produce un silencio; de los incómodos. Unos asienten, otros no dicen nada. Airado, uno de los presentes sale en su defensa: esa norma ha sido un gran avance en su momento. No hay posibilidades de discrecionalidad ni corrupción en el ingreso, permanencia y ascenso en la carrera; el salario es predecible; la administración es sencilla; y las normas vigentes reducen -sino eliminan- la competencia entre docentes. Como si fuera poco, se paga igual por iguales atributos (experiencia, título, desempeño). Si el poder de los sindicatos fuera tal, otros serían los salarios y condiciones de trabajo. Por último, su formación: en la actualidad es mayor y mejor a la que tenían 50 años atrás o antes, en la mítica época dorada de la educación argentina.

Hay mucho escrito como para que nadie responda. Y responden. Docentes mediocres tienen la misma remuneración que otros con mejor calificación, preparación y compromiso; no se aprovechan ni remuneran en forma acorde quienes tienen mayor experiencia; las escalas uniformes no motivan ni promueven la superación personal; no hay competencia, es cierto, pero tampoco se promueve la cooperación. La antigüedad no es una “carrera”: para ascender hay que dejar de hacer lo que se estaba haciendo. Por último, se paga igual por igual trabajo, pero también se paga igual por diferente trabajo y resultados.

III. El rol del Estado nacional

Frente a esto surge la idea de dejar esta discusión a un lado para no presentar posiciones encontradas en la cita. Y nada menos que con un ministro. Entonces, sugieren plantear el rol del Estado nacional, cuestión que seguro le atraerá. En las últimas décadas el Ministerio de Educación tuvo una intervención oscilante: algunas veces estuvo más presente, a veces menos, otras veces, nada. Se trata de una historia de discontinuidades. No debe haber otro sistema educativo con tantas rupturas como el nuestro en un período tan corto. Al menos en esto hay coincidencia: sin continuidad es imposible asentar ningún cambio. Pero aquí termina el acuerdo. Pocos terrenos son tan disputados como este.

Las posiciones se dividen nuevamente. Por un lado están quienes sostienen que el gobierno central debe tener una mayor presencia; si no lo hace, se perjudicarán los alumnos más pobres. Es el único que tiene la capacidad de compensar las diferencias entre las provincias más y menos desarrolladas económicamente. Si no interviniera, implicaría una mayor desigualdad regional. Agregan que muchas provincias están (casi) ausentes desde 1853: fue el Estado nacional quien se hizo cargo en los momentos decisivos. Mencionan tres de los diversos hitos: la Ley de Subvenciones Escolares de 1871, la Ley Láinez de 1905 y la Ley de Financiamiento de 2005. Traen a colación lo que marca la Ley de Educación Nacional: el Estado tiene que regular el sistema, proveer información, garantizar la equidad y orientar la política educativa.

En las últimas décadas el Ministerio de Educación tuvo una intervención oscilante: algunas veces estuvo más presente, a veces menos, otras veces, nada. Se trata de una historia de discontinuidades. No debe haber otro sistema educativo con tantas rupturas como el nuestro en un período tan corto.

La respuesta no se hace esperar. Desde 1853, precisamente, las provincias son las responsables del nivel primario. Con la transferencia de los ´90 eso se extendió a la secundaria y a la formación docente. Las competencias están claras. Además, la Coparticipación de Impuestos es redistributiva y favorece ampliamente a las jurisdicciones más pobres, de modo que tienen los recursos para ocuparse de la educación. En cuanto al ministerio nacional, su aporte a la equidad es escaso ya que la mayor parte de su presupuesto se va en salarios (Universidades y Fondo Nacional de Incentivo Docente -FONID-). Este grupo no se opone a la intervención del gobierno central per se. Al parecer, lo que cuestiona es el modo en que lo hace y su eficacia. Por eso rematan su postura señalando que la Ley de Educación Nacional es letra muerta. Hay un discurso dominante sobre la necesidad de que la escuela cambie, pero se suele omitir que antes debería cambiar el gobierno de la educación.

IV. El financiamiento

Frente a esto, uno señala que convendría dejar en suspenso, también, este asunto. Luego podrían ver cómo presentarlo. Sí; mejor. Entonces, propone plantear al ministro el aumento del financiamiento. Todos suspiran aliviados al encontrar un tema sobre el que siempre hay unanimidad: ¿quién se opondría a aumentar los recursos para educación? Nadie, claro. Sin embargo…

Sin embargo, sigue siendo una de las mayores dificultades. En este punto, al comienzo, no hay dos bandos. Pero las posturas no son uniformes. Los comentarios -críticos- son de distinto tipo. Como con la intervención estatal, en principio están todos de acuerdo. El inconveniente es cuando se profundiza en los detalles. Veamos si logré captar los distintos mensajes:

Es curioso, siendo que todos están a favor, que sea un problema no resuelto aún. Le reclamarán al ministro un papel más activo. Le recordarán que la iniciativa en las últimas décadas siempre estuvo en manos del gobierno nacional: las provincias no pudieron, no supieron o no quisieron autorregularse para aumentar y mejorar la asignación de recursos al sector. En el país, si aumenta el financiamiento, es más para apuntalar la gobernabilidad que la equidad. La agenda está condicionada por las pujas salariales; una vez sorteadas, el resto queda relegado hasta la aparición de algún emergente. Para bien o para mal, aunque la ley de financiamiento tardó más de la cuenta en alcanzar la meta del 6% del PBI, se cumplió por la presión sindical. No es de extrañar que la mayor parte se haya destinado a salarios docentes.

Leo en voz alta las notas que tomé. Una de ustedes acota que el problema no es que el 90% del presupuesto se destine a salarios en la medida que el gasto sea eficiente. La interrumpen y le dicen que la ley de financiamiento permitió aumentar la inclusión. Ella duda que sea así. No tiene muchos datos -los que se necesitan ya no se difunden- pero indica que en los últimos lustros la cantidad de docentes creció más que la matrícula. Se pregunta si esos mayores recursos no podrían haberse empleado para aumentar los salarios, para mejorar las condiciones de la infraestructura y equipamiento o para atender las desigualdades. Si los recursos no se destinan a estas tres cuestiones, el tema de la inversión seguirá permeando las acciones de política y sus resultados. Concluye que no cuestiona si la inclusión fue tal, cosa que debería hacer dado que en los últimos 25 años lo que más aumentó fue la matrícula privada, no la estatal.

V. La segmentación

No la cuestiona, pero lo dice; y enciende la chispa. Se arma un nuevo revuelo debido a la sola mención de la educación privada. Pocos temas suscitan tantas pasiones y opiniones encontradas; en particular, los subsidios que reciben esas escuelas. ¿Hay que eliminarlos? ¿Hay que apoyarlas económicamente?

Alguien llama a la cordura y aconseja dejarlo de lado momentáneamente. En un intento superador para acercar posiciones, plantea que el tema central no es educación pública versus privada, sino  que las familias de los sectores más acomodados son las que más invierten en educación (sea a través de aranceles, útiles, textos o uniformes): en Argentina, el 10% de mayores ingresos destina a la educación de sus hijos cinco veces más que el 10% de menores recursos.

Si por ingresos la diferencia es mucha, es impresionante si se comparan por nivel educativo de los adultos del hogar: quienes tienen 16 o más años de escolaridad gastan en sus hijos casi 28 veces más que quienes fueron menos de siete años a la escuela. Sí, escucharon bien: por cada $1.000 de unos, los otros gastan $28.000.

En Argentina, el 10% de mayores ingresos destina a la educación de sus hijos cinco veces más que el 10% de menores recursos.

Las inquietudes son muchas y de todo tipo. Una de ellas, qué hace el Estado -si, como creen, debe y puede hacer algo-, para reducir esa brecha. Lo cual nos lleva, otra vez, al tema de cuánto invierte en educación. Cuánto y cómo debería invertir. ¿Debe aumentar los recursos hasta igualarlos a los que asignan esas familias? ¿No es eso una quimera? ¿Acaso algunos hogares no seguirían invirtiendo más para diferenciar las trayectorias de sus hijos respecto del resto? Si fuera así, ¿cuál sería el límite a la redistribución?

VI. El consenso

Estas últimas son preguntas de Filosofía Política, como en algún grado también lo son varias de las inquietudes que presentaron hasta ahora. Por eso no hay respuestas correctas o incorrectas ni definitivas. El rol del Estado, el financiamiento educativo que contribuya a una sociedad más justa, la trayectoria de los más desfavorecidos y la cuestión docente -que atraviesa todos esos asuntos- son fuente de permanente tensión. A la luz de esto, quizás, la misma idea de consenso debería ser revisitada.

Se hizo tarde. Deben ir terminando. Ansiosos, se dan cuenta de que hay temas que ni siquiera abordaron: la capacidad de los ministerios para administrar la educación, la evaluación de aprendizajes y la disponibilidad de información pertinente y oportuna. Posiblemente porque no son temas filosóficos acá hay acuerdo en el diagnóstico y el reclamo. Además, son endógenos a los ministerios: no involucran a actores fuera de los mismos y, por lo tanto, deberían ser problemas más sencillos de zanjar. La pregunta que surge es ¿qué impide, entonces, su resolución?

La respuesta es unánime y explica por qué hubo tan pocos avances. Quizás uno de los mayores desafíos de la educación argentina sea, en realidad, un predesafío: lograr que la educación se convierta en prioridad gubernamental. Esto incluye no solo a los ministerios del sector -eso debería ser lo natural, aunque no siempre lo sea-, sino a las máximas autoridades: los presidentes y gobernadores del país. El bajo interés por la educación queda reflejado en que se recurra a leyes nacionales para impulsar la inversión educativa; de no ser así, serían innecesarias.

Temerosos de que surja algún tema que rompa este acuerdo entre ustedes, deciden finalizar en este punto. Queda pendiente ordenar estas y otras ideas que, con toda seguridad, seguirán fluyendo en estos días. Confiados en que tienen suficiente para iniciar el próximo e importante encuentro, se saludan.

Mucha suerte en la reunión.

***

Publicada el 6 de noviembre de 2021.

---

Si te gusta lo que hacemos en Gloria y Loor podés apoyarnos asociándote a la Cooperadora de GyL.