Tras dos años de trabajo, el pasado martes 16 de agosto, estudiantes nucleados en la RENACE (Red Nacional de Centros de Estudiantes) presentaron con el apoyo de lxs diputadxs nacionales Tomás Ledesma y María Lucila Masin el proyecto de ley de Justicia Digital Educativa, que contempla convertir en ley al Programa Conectar Igualdad.
Son cientos. Se ríen y cantan; se exaltan y fruncen el ceño cuando debaten y proponen. Son pibes y pibas que hoy asisten a escuelas secundarias a lo largo y ancho del país y que decidieron, en el marco de la pandemia por el Covid-19, que lo mejor que podían hacer era organizarse.
Comenzaron a generar puentes con sus pares porque veían con mucha preocupación cómo muchxs compañerxs iban siendo expulsadxs de la educación secundaria por múltiples causas. Así, conformaron la Red Nacional de Centros de Estudiantes (RENACE), en un intento de abrir un espacio en el que estxs jóvenes pudieran ejercer su derecho a la participación estudiantil a la vez que asumir un compromiso con las comunidades escolares de las que son parte.
En este marco, lxs chicxs se dieron cuenta de que muchxs de sus compañerxs y amigxs atravesaban situaciones que ponían en riesgo su salud mental y física. Asimismo, detectaron cuántxs de ellxs se habían desconectado de la escuela. Y pusieron manos a la obra en poder contener y acompañar – junto a muchxs de sus docentes – a sus amigxs y compañerxs.
Derecho a la conectividad
Al ver que la conectividad y el acceso a dispositivos tecnológicos – como una computadora – jugaban un rol importante, lxs estudiantes secundarixs organizadxs a través de sus representantes decidieron buscar especialistas con quiénes comenzar a pensar la conectividad y el acceso a una computadora desde una perspectiva de derechos. Durante casi dos años mantuvieron reuniones y debates en los cuales aprendieron sobre el proceso parlamentario en su totalidad: desde escribir el articulado de un proyecto de ley hasta saber cómo presentarlo ante las autoridades.
Un día, llegaron al Congreso de la Nación – específicamente a la Cámara de diputados – para presentar su proyecto de ley de Justicia Digital Educativa. El martes 16 de agosto, al ritmo de “Vení, vení, cantá conmigo que un amigo vas a encontrar; que de la mano de la RENACE el Conectar vamos a conquistar” lxs estudiantes secundarixs presentaron un proyecto de ley que propone la entrega de computadoras en el marco del Programa Conectar Igualdad (PCI, de acá en adelante) para la totalidad de lxs estudiantes del nivel secundario, para estudiantes universitarixs titulares de la beca Progresar, AUH y asignación por embarazo y para cada docente.
El proyecto propone la creación del Ente Federal Conectar Igualdad, como órgano descentralizado del Ministerio de Educación de la Nación, integrado por un/a Director/a, un Consejo Resolutivo y un Comité Consultivo. Lxs estudiantes prevén sus atribuciones, alcances, acciones como así también el financiamiento a través de un Fondo Nacional para la Inclusión Digital Educativa. Conectar Igualdad, así, se convertiría en ley.
La vuelta del PCI
En enero de este año celebramos la vuelta del PCI. Recordemos que el Plan Conectar Igualdad nació en el año 2010 mediante el decreto 459 con el objetivo de reducir las brechas digitales, educativas y sociales en nuestro país a través de la entrega de una netbook a cada estudiante y docente del nivel secundario de gestión estatal, a estudiantes de ISFD de gestión estatal como así también a la creación de espacios de formación docente y el desarrollo de propuestas pedagógicas mediadas por tecnología. Este plan se ubica en un periodo en el cual los gobiernos de los países de América Latina invirtieron fuertemente en equipamiento tecnológico y en programas de inclusión digital. En nuestro país, entre los años 2010 y 2015 se entregaron más de 5 millones de netbooks a estudiantes y docentes del nivel secundario y estudiantes de nivel terciario.
Durante el gobierno de Mauricio Macri, el PCI fue en una primera etapa discontinuado hasta ser reemplazado en el año 2018 por el Plan Aprender Conectados, que supuso la redefinición de la estrategia de intervención de Conectar Igualdad: de un modelo de distribución 1 a 1 a un modelo de entrega de equipamiento por escuela. En este sentido, se comenzaron a distribuir aulas digitales móviles y equipamiento de programación y robótica para instituciones educativas de nivel inicial, primaria y secundaria. Este cambio en el modelo de distribución significó un cambio en la inversión nacional en educación digital: de un 6.26% promedio del total del presupuesto ejecutado del Ministerio de Educación Nacional entre los años 2010 a 2015 a un 1.95 % promedio del total del presupuesto ejecutado por el MEN entre los años 2016 a 2019
Numerosos son los estudios de evaluación que se llevaron a cabo sobre políticas TIC en general como así también sobre el PCI y su implementación, en particular, tanto por evaluadores internos como externos. La mayoría de estos estudios se acercan a la conclusión de que la entrega de equipamiento por sí misma no es suficiente para causar algún cambio profundo en las prácticas de la enseñanza o en las trayectorias de lxs estudiantes del nivel, sino que persisten obstáculos de tipo pedagógico.
En este sentido, el Ministerio de Educación de Nación retomó el Plan Nacional de Inclusión Digital Educativa (PNIDE) que fuera aprobado por el Consejo Federal de Educación mediante la resolución 244/15 . Retomar esta línea de política pública que tiene por objetivo presentar las propuestas pedagógicas de inclusión digital que fortalecen tanto a las trayectorias educativas de estudiantes de nivel secundario de escuelas de gestión estatal del país así como también las prácticas de la enseñanza de docentes de este nivel, es crucial si se busca que el PCI sea un catalizador de transformaciones profundas en el nivel secundario.
¿Y ahora, qué?
Tras conocerse la semana pasada la Decisión Administrativa 826/2022 emanada por el Ministerio de Economía, que supone un recorte presupuestario de $30.000.000.000 al PCI, nos preguntamos cuál será la suerte que correrá este programa de aquí en adelante.
En este punto, toda la comunidad educativa sabe -y más aún después de haber atravesado la pandemia por el Covid-19 – que sin computadoras y sin conectividad el derecho a la educación no puede ser totalmente garantizado. Vivimos en un mundo que, en términos del autor Alejandro Baricco, está traccionado por una doble fuerza motriz: mundo real y mundo virtual, completamente entramados. Sin acceso a dispositivos e internet difícilmente nuestrxs pibxs se estén formando de un modo adecuado en una contemporaneidad que cambia a paso acelerado.
También sabemos, porque la experiencia nos lo ha mostrado, que el acceso material es condición necesaria pero no suficiente: sin formación situada de equipos pedagógicos, directivos y docentes en generar propuestas de enseñanza mediadas por la tecnología que puedan superar una perspectiva meramente instrumental tampoco garantizamos el acceso a una educación de calidad.
Es hora, entonces, de que aprendamos de la fuerza de lxs pibxs que nos dejan un mandato muy claro: los sueños no se proscriben.
