Desde su asunción, la política educativa del nuevo gobierno no parece estar del todo clara. Mientras que el presidente se mete de lleno en una batalla cultural, la Secretaría de Educación parece seguir un libreto conocido.
Como primera novedad educativa, la gestión de Javier Milei trajo la degradación del Ministerio de Educación nacional a Secretaría, por primera vez desde la organización constitucional de nuestro país (siendo “de Justicia e Instrucción Pública” de 1854 a 1949, cuando Perón lo renombró como “Ministerio de Educación”). Si bien la política educativa nacional ha compartido repartición con otras a lo largo de la historia (con Justicia, con Cultura, Ciencia, Deportes), siempre tuvo a la Educación en su primera jerarquía, desaparecida hoy dentro del Ministerio de Capital Humano.
La Teoría del Capital Humano fue (sigue siendo, evidentemente) un enfoque para pensar las gestiones de gobierno, que encabezó los procesos de “modernización” de los países periféricos del mundo tras la segunda guerra mundial, de la mano de diversos organismos de crédito como la CEPAL o el FMI. La Educación entraba allí como parte de las estrategias de desarrollo económico y productivo de una sociedad: pensada en función del trabajo y la producción, el sistema educativo tenía un rol protagónico en la generación de valor, según este marco teórico. De ahí viene la frase “la educación no es un gasto, sino una inversión”, que supone que los sistemas educativos, en el mediano plazo, producen retornos de la inversión tangibles. Esta idea, que además presupone que no existen crisis económicas, golpes de Estado, catástrofes naturales y demás eventos y procesos cotidianos que exigen un corrimiento de la agenda, llega a delirios tales como calcular la “tasa de retorno” de los alumnos de nivel inicial: un ceteris paribus que no existió jamás en ningún lado. Pero en concreto, parece estar claro que la idea de Milei de englobar Educación, Desarrollo Social y Trabajo -inicialmente Salud, decisión revertida luego del lobby de los laboratorios y las empresas de medicina prepaga, que preferían tener su propio ministerio a cargo- obedece a una mirada extrema de ese marco teórico. De esta manera, todo lo concerniente a las necesidades básicas de la población -alimentarse, tener un techo, estudiar, trabajar- sólo está pensado en función del crecimiento económico, y no de manera integral que apuntaría a formar parte de una comunidad amplia, compleja y conflictiva que efectivamente incluye -pero no se reduce a- la dimensión económica. Dicho de otra manera, las personas somos recursos humanos, capital, no agrupamientos de individuos con aspiraciones, deseos, frustraciones, historias, desafíos y necesidades largamente insatisfechas en Argentina. Cosas: un martillo que habla. Manipulable, intercambiable y descartable. Esta fase del capitalismo tiene una extraña nostalgia de su etapa esclavista. Con novedades, claro: a la ensalada se le suma la sacralización del individuo y el yo, cortando todo lazo social. De esto se desprende que si las cosas no resultaron como se esperaba -porque un gobierno destruyó los salarios, por ejemplo- no tiene que ver con el funcionamiento complejo de la sociedad y de quienes están en espacios de decisión, sino que queda completamente reducido a decisiones individuales ajenas a los condicionantes externos. O sea: si te va mal es culpa tuya, el sistema en el que vivimos -el gobierno que destruye los salarios con una devaluación brutal- no tiene nada que ver.
Según la periodista Nancy Pazos la Ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, aparentemente llegó a ese puesto a partir de ser la acompañante terapéutica del presidente, tarea por demás exigente, y que fue premiada con este cargo. Su primera y única aparición pública, hasta ahora, se redujo a amenazar con quitarle los “planes sociales” a las personas que se manifestaran públicamente en contra del gobierno.
Como Secretario de Educación fue designado Carlos Torrendell, un académico proveniente de la Universidad Católica Argentina, de sólidos vínculos con la Iglesia Católica, con una extensa trayectoria y conocimiento del universo educativo de nuestro país, al menos dentro del mundillo académico-político -que, recordemos siempre, suele estar bastante lejos de las aulas-. Su designación causó sorpresa en quien escribe y en las personas a quienes consultó, ya que no imaginábamos que un perfil reconocido y respetado haya decidido inmolarse públicamente como funcionario de un gobierno de estas características.
Antes de fin de año, Torrendell anunció un plan de alfabetización, atendiendo a uno de los principales desafíos actuales de nuestro sistema educativo. Sin embargo, es interesante algo que aparece en la noticia elaborada por Infobae al respecto: los artículos referidos a Educación en el DNU 70/23, y en el proyecto de “ley ómnibus”, “fueron preparados por otras áreas de gobierno”. En el ex ministerio de Educación de la Nación el mismo Torrendell y su equipo, en sus diálogos de presentación con los trabajadores, se expresó reiteradamente, en contra de los lineamientos propuestos por ¿qué otras áreas? ¿quién armó esas líneas?
Sobre las tandas de despidos de empleados públicos que se dan en otras áreas de gobierno, la Secretaría de Educación definió renovar los contratos que vencían a fin de año: otra señal más que no se alinea necesariamente con la motosierra tan anunciada sobre la temible casta de empleados mal pagos y con condiciones laborales precarizadas.
La semana pasada le tocó ir al Congreso de la Nación a defender o aclarar los aspectos del área de la “ley ómnibus” (se puede ver su exposición aquí). Allí planteó generalidades políticamente correctas algunas -salario docente, universidades, bibliotecas- otras más enmarcadas en los lineamientos históricamente defendidos por la Iglesia Católica argentina -el rol del subsistema educativo privado. Asimismo, descartó la idea de ir hacia un esquema de homeschooling o del sistema de vouchers que el mismo Milei había propuesto en su plataforma electoral. La novedad, en todo caso, está en la insistencia sobre dos mecanismos de evaluación que se agregarían: a los docentes y al terminar el nivel secundario. Pero Torrendell no fue demasiado específico al tratar estos dos temas -espinosos en el debate académico, muy lejos de las aulas cotidianas-, ya que hizo referencia a definiciones de manual: habló de “retroalimentación”, “para poder mejorar y desarrollar capacidades”, “que nos provean elementos para poder mejorar”. O sea, sin precisiones sobre cómo, cuándo, con qué objetivos más allá de lo que dice la teoría abstracta. En el caso de los docentes, ¿Impactará en el salario? ¿Impactará en la trayectoria docente? ¿Cómo? ¿Se quedan sin trabajo, son desplazados de la formación docente, se les provee herramientas de acompañamiento que ya existen? Nada sabemos. Lo mismo sucede con el anunciado examen al finalizar el secundario: sin bien hay estudios de experiencias exitosas en Brasil, por ejemplo, habría que definir cuáles son las externalidades concretas de esos exámenes: ¿Condiciona la obtención del título? ¿Condiciona el ingreso a las universidades? ¿Y al mercado laboral? ¿Es sólo un certificado simbólico? ¿Es sólo a efectos de obtener información para la gestión de gobierno, y nada más? También fue vago respecto de la elaboración de rankings públicos de escuelas a partir de las evaluaciones estandarizadas -prohibido hoy por el artículo 97 de la Ley de Educación Nacional-, ya que se refirió, otra vez, a la necesidad de contar con retroalimentación e información, pero no negó que se vayan a publicar esos rankings.
Hasta aquí, lo poco que sabemos de la política educativa de Milei. Los papeles -la plataforma electoral, el DNU 70/23, el proyecto de “ley ómnibus”- dicen una cosa, el Secretario de Educación otra, que además se desmarca del marco conceptual del gobierno al que pertenece (como dato de color, en la exposición en el Congreso Nacional se refería al “gobierno” como algo externo a él). Cabría preguntarse si Torrendell efectivamente se siente parte de esta gestión, o está allí “porque hay que ocupar el lugar”. Este mandato muchas veces es esgrimido por un funcionario que está en un espacio que le resulta especialmente incómodo, para dar una suerte de batalla interna que busca evitar un daño mayor. Estrategia que, en general, sale mal independientemente del signo político.
Hay una disonancia evidente entre el presidente y su Secretario de Educación. Y esto se pone de manifiesto, de alguna manera, no sólo con lo anunciado y propuesto por el poder ejecutivo sino también con el discurso que dio Milei en Davos, donde atacó la intervención estatal, al feminismo y a otros demonios que se viene inventando la derecha financiera global. El presidente parece estar convencido de estar llevando adelante una tarea mesiánica donde el Mercado es dios y hacer dinero la única moral posible, y el Estado es el demonio que hay que encarnar transitoriamente hasta que las condiciones técnicas permitan su efectiva desaparición. La batalla de Milei, más que política, parece cultural, profundamente ideológica, incluso espiritual: sufrimiento mediante, llegaremos a la Tierra Prometida donde el Mercado distribuirá con justicia los bienes. Como dijo Martín Reydó, director ejecutivo de Fundar, esta es una mirada completamente religiosa de las dinámicas sociales, de manera que nos gobierna una secta teócrata. Entonces ahí surge una nueva disonancia: ¿cómo es que, todavía, no le ha dedicado tiempo de redes -el único que parece tener su efectiva atención- a denunciar a los docentes por adoctrinadores, y hacer de eso su primera y principal política educativa? Si lo que se juega es la conciencia, el “espíritu”, para dar vuelta culturalmente una página de la historia humana, ¿cómo no hacer de la denuncia a la escuela, ese artefacto cultural protagónico de nuestras sociedades, la política educativa preponderante, en vez de los tecnicismos y teorías de la academia educativa que encarna Torrendell?
Dos grandes referencias de Milei, Trump y Bolsonaro, encarnaron feroces guerras por el currículum, esto es, los contenidos obligatorios de la escuela. Milei aún no fue por ese lado, y Torrendell no parece tampoco un perfil que vaya a encarnar esa cruzada. Resta preguntar si esta disonancia se prolongará, atenuándose con el tiempo, y tendremos una gestión educativa nacional -recordemos que el sistema educativo argentino depende fundamentalmente de cada jurisdicción- más recostada sobre visiones tecnocráticas como sucedió durante los 90, el delarruismo y el macrismo, o si tarde o temprano Milei buscará echar mano de la educación como un nuevo enemigo a la misión supraterrenal que le encomendó su perro muerto, a partir de incentivar las denuncias de adoctrinamiento, los escraches y la violencia escolar.
Por las dudas, como docentes, deberemos estar especialmente preparados para lo segundo ya que, lamentablemente, esa línea sí tiene impacto cotidiano en las aulas. Tal vez las discusiones paritarias por venir puedan marcar un punto de inflexión.
Publicada el 20 de enero de 2024
