En una competencia de misoginia y odio hacia las diversidades sexuales que forma parte de una estrategia global, los gobiernos nacional y porteño censuraron el acceso a documentos curriculares de ESI elaborados a lo largo de décadas.
Agradezco a Florencia Calvo la lectura del borrador preliminar de este artículo y sus sugerencias.
Lo dijimos, lo decimos y, seguramente, lo seguiremos diciendo: la Educación Sexual Integral (ESI) es un derecho reconocido legalmente tras arduas y complejas luchas populares; es una política pública diseñada especialmente para efectivizarlo; y es una práctica pedagógica. Como tal, implica trabajo colectivo (de ahí, mi decisión de hablar en plural), de debate e intercambio de ideas (no hay nada cerrado en materia de educación sexual), y un horizonte.
En este último sentido, sostener que la ESI es una práctica pedagógica es partir de la convicción de que se trata de una propuesta política, y por lo tanto, no neutral, basada en derechos humanos elementales como la posibilidad de disfrutar de nuestro cuerpo y gozar de una vida libre de violencias, con miras a construir una sociedad más justa en términos sexo-genéricos, pero también en términos etarios. Porque, si bien estamos hablando de un derecho que alcanza a los actores escolares de todos los niveles, modalidades, jurisdicciones y tipos de gestión, existe una particular atención en las infancias, adolescencias y juventudes toda vez que, precisamente por las relaciones de poder fundamentadas en la edad, se trata de uno de los grupos sociales más vulnerabilizados.
Desde diciembre de 2023 asistimos a un ataque permanente en relación a los derechos sexuales y educativos en general, y con respecto a la ESI en particular.
No se trata de una novedad. De hecho, si pensamos en su origen en términos de fechas (toda vez que las luchas por alcanzar esos derechos son previas y simultáneas a las leyes que los reconocen), desde 2006 a esta parte, es descomunal la cantidad de conflictos que han atravesado y atraviesan su implementación.
Sin embargo, la etapa abierta hace un poco más de un año no deja de imprimir novedades que, suscitando las sensaciones más variadas (que incluyen desde enojos hasta asombros), pone en riesgo avances que han singularizado nuestra sociedad ante el mundo. Digamosló sin cortapisas: las conquistas logradas en relación a la salud sexual y (no) reproductiva; a las personas del colectivo LGTBIQ+ (el llamado matrimonio igualitario, el respeto por la identidad de género, el cupo trans, etc.); al derecho a vivir una vida libre de violencias y al acceso a la interrupción de los embarazos de manera legal, segura y gratuita, por nombrar algunas de las más sobresalientes, están en peligro.
¿Habíamos logrado una suerte de panacea al respecto antes de la llegada al poder de La Libertad Avanza? No. No la habíamos logrado. ¿Se habían resuelto todas las situaciones de injusticia sexo-genérica? No. No se habían resuelto. ¿Seguíamos registrando tasas alarmantes de femicidios, trans-femicidios y de trata con fines de explotación sexual? Si, seguíamos.
Se trata de contradicciones que requieren una lectura comprometida y responsable hacia el interior de los colectivos de docentes y activistas que defendemos estos derechos. Aún pendiente, aún no resuelta. Pero absolutamente necesaria y, como he dicho antes, con horizonte. Tratando de evitar que todo se vuelva tierra arrasada, con tendales de caídxs por todos lados, nadie puede pensar y, mucho menos, construir para adelante.
Haciendo un ejercicio de comparación
En relación a las novedades del régimen que se abre a partir de 2023, propongo un breve ejercicio comparativo entre esta etapa y el el período 2015/2019.
Durante la época macrista hubo, como ahora, por llamarla de algún modo, una “política de la no política”. Esto implicó despidos masivos de profesionales especialmente capacitados para la implementación de la ESI, y desfinanciación y desmantelamiento de programas relacionados con la temática.
Asistimos además a un juego de tensiones, avances y retrocesos propios de las relaciones sociales. Por ejemplo, la aparición del Movimiento Con Mis Hijos No Te Metas en nuestras latitudes con la exigencia de que la educación sexual se familiarice por considerar su abordaje escolar peligroso en términos morales, coincide con la sanción de la Resolución 340/2018, del Consejo Federal de Educación.
Esta resolución ratifica la perspectiva de enseñanza integral (no biologicista, no moralizante, basada en conocimientos científicamente validados); establece tener presente las Puertas de Entrada de la ESI y sus cinco Ejes Conceptuales, para su implementación; y señala cuáles son los contenidos específicos para ser abordados en cada nivel.
Se trata de una herramienta especialmente importante porque, entre otros aspectos, comprende la conformación de un grupo de docentes referente ESI en cada institución con el propósito de garantizar su puesta en marcha.
Además, en dicho período, el Ministerio de Educación, a la sazón a cargo de Esteban Bullrich, elaboró un material de acompañamiento pedagógico para darle forma y continuidad a lo que establece la Ley 27.234/2015, llamada “Educar en Igualdad: Prevención y Erradicación de la Violencia de Género”.
Se trata de una normativa sancionada en la época de Cristina Fernández y promulgada una vez que Macri asume el poder, que recogía la lucha del 3 de junio de 2015 motorizada por el Movimiento Ni Una Menos, y establece que todas las instituciones educativas deben abordar la temática de prevención de la violencia sexo-genérica al menos en una jornada anual. Desde allí, el mentado material representa un modo de poner en acto dicha jornada.
Otro ejemplo, caro para mí debido a mi formación específica (investigo experiencias escolares de jóvenes madres vulnerabilizadas y sus vínculos con las propias madres), lo constituyen los acompañamientos que requieren las escolaridades de jóvenes estudiantes en condición de ma/paternidad. Si bien el Plan ENIA (Embarazo No Intencional en la Adolescencia) abre muchos interrogantes y requiere revisiones, es una realidad que, en tanto política pública, ha sido exitoso en la materia desde múltiples puntos de vista, desde su implementación en el período macrista hasta la fecha con su virtual desmantelamiento, por lo menos a nivel nacional.
Sostengo lo dicho porque el Plan ENIA fue de la mano de una merma empíricamente comprobable en los números relacionados con la experiencia juvenil de gestar, parir y criar hijxs; porque implicó intervenciones complejas triministeriales (salud, educación y acción social); y porque, aunque acotado y focalizado, tuvo un alcance federal que comprometió todos los niveles de gobierno (nacional, provincial y municipal).
Por último, en 2018 se debatió nada menos que la posibilidad de acceder a la interrupción voluntaria del embarazo de manera segura y gratuita. Una lucha que se perdió en ese momento pero que, a la luz de lo ocurrido dos años después, puede interpretarse como el paso previo histórico que debió darse para alcanzar el reconocimiento legal de ese derecho.
Esta breve descripción de ningún modo debe interpretarse como una reivindicación del período 2015/2019. Por el contrario, solo digo que fue una etapa en la que, más allá de nuestros aciertos y sensaciones de derrota, hubo capacidad de organización y lucha. En otras palabras, hubo política.
Y aquí radica tal vez una de las principales diferencias con lo que nos toca vivir en la actualidad en general, y con respecto a la ESI en particular.
Si tuviese que concentrar en pocas palabras un rasgo distintivo del período que se abre en 2023 es la nula posibilidad de interlocución, de reconocimiento del otrx como sujeto de derecho, y la incapacidad programática de comprender que la idea de individuo auto-centrado, independiente y por fuera de toda interrelación y encuadre institucional representa, como mínimo, una falacia que se cae por su propio peso.
En otras palabras, a partir de ese año asistimos a la reivindicación inédita (al menos en democracia) de la no-política, afectando esta práctica colectiva de transformación de la realidad en sus múltiples sentidos: como expresión de relaciones de poder; como horizonte de lo posible; y como estrategia de intervención estatal en pos de satisfacer derechos reconocidos legalmente.
Seguramente sea el triunfo de esta ideología, reflejado en el amplio apoyo popular que obtuvo en las últimas elecciones presidenciales, uno de los aspectos que aún están esperando una profunda reflexión por parte de quienes nos posicionamos en las antípodas de ese pensamiento. Por lo pronto, ni la historia ni el desarrollo teórico de las ideas le dan fundamento.
Y acá vale una aclaración. Sostener que la reivindicación del individuo centrado en sí mismo configura una falacia no es sinónimo de desconocer los márgenes de autonomía con respectos a los órdenes que nos constriñen. Por el contrario, implica decir que esas elasticidades se producen ancladas en situaciones que le dan sentido, y que, a la vez, expresan colectivos.
Esa forma de entender al individuo como un ente despojado de todo condicionamiento socio-histórico, institucional y relacional, se manifiesta, entre otras formas, en la reivindicación a ultranza del tratamiento privado/familiar (en tanto ámbito separado taxativamente del público) de ciertos derechos, como es el de la ESI. Desde ahí, si el Estado interviene es si y solo sí en pos de proteger dicho abordaje.
Tres ejemplos tres
Este posicionamiento de la no-política, a su vez, se anuda a dos operaciones estrechamente relacionadas: exigencia de neutralidad y sospecha de adoctrinamiento docente.
En esta línea, la verdadera educación es “neutral” porque, en caso contrario, más que educar, se estará “adoctrinando”. Es decir, abusando de un poder otorgado por la investidura docente con el propósito de inculcar ideas espurias en niñxs y adolescentes, con fines ideológicos (siempre) y hasta de habilitar abusos (muchas veces).
Veamos tres ejemplos sobre cómo opera esta conjunción de obstáculos y acusaciones absurdas en relación a la ESI. Se trata de situaciones recientes que se dan prácticamente en simultáneo.
Comienzo con el conflicto desatado entre el gobierno de la Provincia de Buenos Aires y ciertos sectores neo-conservadores alrededor de una propuesta de títulos literarios (colección Identidades Bonaerenses) que permiten problematizar pedagógicamente diferentes contenidos relacionados con la sexualidad en la formación docente y en el ciclo superior de la escuela secundaria.
A partir de esta confrontación, Alberto Sileoni, autoridad máxima de la cartera educativa de esa jurisdicción, fue denunciado penalmente por corrupción de menores. Los sectores neo-conservadores promotores de esta denuncia entienden que esa colección contiene libros que narran escenas de sexo explícito. Un componente obsceno que, según esos grupos, atenta contra los derechos protegidos por la Ley 26.061/2006.
Las obras más cuestionadas corresponden a tres autoras: Gabriela Cabezón Cámera; Aurora Venturini y Dolores Reyes. Y, los puntos más sobresalientes que se subrayan como controversiales se vinculan a las referencias que hacen a situaciones de violencia sexual.
Este escándalo suscitó no sólo que las obras no fueran objetadas como parte de dicha colección, sino también que aumentaran sus ventas en el público en general, de manera significativa.
A propósito quisiera compartir una conversación sostenida con colegas en relación a dos obras que, desde tiempos inmememoriales forman parte del canon literario que se aborda en el nivel secundario. Me refiero a los textos fundantes del acervo nacional, como son La cautiva y El matadero, obras que describen escenas de violencia y que a nadie se le ocurriría cuestionar.
De acuerdo a nuestras conversaciones como grupo de docentes, no recordamos que las mismas fueran objetadas en ningún momento de nuestra escolaridad. Considerando este ejemplo entre otros, entonces, insistimos en la irracionalidad de la medida con respecto a Identidades Bonaerenses y su carácter inédito en gobiernos democráticos.
En segundo lugar, menciono la decisión del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de revisar exhaustivamente los contenidos ESI con el fin de dotarlos de “neutralidad”.
Esta decisión comprende dar de baja la posibilidad de acceder a materiales mediante la página oficial, al menos, según consta en el escueto mensaje que figura allí, durante el receso estival. Asimismo, incluye, por ejemplo, los protocolos relacionados con las intervenciones que se deben realizar ante situaciones de violencia; información vinculada al Programa de Retención Escolar de Alumnas madres, embarazadas y Alumnos padres; la currícula; y las normativas nacional y jurisdiccional en relación a la ESI.
Se trata de un conjunto de instrumentos no sólo utilizados en las últimas casi dos décadas de manera habitual en cada clase de ESI sin ningún tipo de objeción, sino que, además, han sido subidos oportunamente por una gestión jurisdiccional del mismo signo partidario que la actual.
Por último, prácticamente de manera inmediata a lo sucedido en CABA, el anuncio de una decisión que va en la misma sintonía por parte de la cartera educativa nacional que incluye, entre otras acciones, dar de baja de la página oficial materiales tales como la canción Hay Secretos, una herramienta pedagógica de excelencia, que ha dado claras muestras de su potencia en materia de prevención e intervención ante situaciones de pedofilia.
La inmediata organización de docentes defensores de la ESI en el Movimiento X+ESI CABA, entre otros espacios, más la cobertura mediática y por las redes que se logró motorizar, hizo que sea revisada la decisión de dar de baja esa canción más un tema de una autora incuestionable para el quehacer pedagógico, como es María Elena Walsh.
Sin embargo, si subrayamos que la ESI implica mucho más que la prevención de la pedofilia, aún se continúa la lucha desde ese movimiento para que todas estas medidas sean reconsideradas. Recortar la mirada solo en ese tipo de acciones es correrse de la perspectiva integral.
Se trata de decisiones hechas con el fundamento de la neutralidad que corren en paralelo con otras tales como la autorización por parte del Banco Central para que adolescentes a partir de los 13 años puedan abrir sin autorización previa parental, cajas de ahorro en dólares.
Es decir, tal y como están las cosas, unx adolescente no puede leer una obra en la que se describe una escena de violencia sexual, o acceder a preservativos, o conversar con sus docentes sobre sus dudas o preguntas sobre el tema, pero sí participar de transacciones financieras y en moneda extranjera.
Situación contradictoria que se entrelaza, a su vez, con otras escenas violentas.
Me refiero, por ejemplo, al sistemático recorte de presupuesto de políticas relacionadas con la prevención del VIH y el despido masivo de lxs trabajadores de esos espacios. A los femicidios que no paran de suceder. O a situaciones como las ocurridas en Lincoln en ocasión de un desfile de carrozas en una fecha de carnaval, bajo lemas que reivindican la pedofilia, tales como: “con pelitos, no hay delito”.
Interesantes situaciones que ameritan ser pensadas. ¿O no?
Por lo demás, las tres situaciones mencionadas ejemplifican, sobre todo la de CABA y la de Nación, cómo el Estado desarrolla una intervención amparándose en la idea de que debe proteger a niñxs y adolescentes de lo que considera adoctrinamiento. En el caso de la que corresponde a la Provincia de Buenos Aires, dicha protección se ejerce por la vía de la judicialización.
A modo de cierre: organización y resistencia
Escribo estas palabras atravesando un nuevo escándalo. El presidente de la Nación, vía redes y actos oficiales se ha dirigido a quienes no estamos de acuerdo con su ideología y su posicionamiento político, con improperios y amenazas. Con respecto a la cuestión específica de los derechos sexuales que defendemos desde el feminismo y el colectivo LGTBIQ+, sus agravios se fundamentaron en la casuística. En otras palabras: no hay dato empírico sistematizado teórica ni normativamente que avale estos dichos, otorgándole rigurosidad.
Sin embargo, a ese cúmulo de ofensas sin sentido (que se suma a las situaciones antes mencionadas), le respondimos como venimos haciéndolo: con organización y resistencia. El pasado sábado 25 de enero, en Parque Lezama (CABA), tuvo lugar una asamblea que resolvió llamar a la Marcha Nacional Antifacista y Antiracista, el próximo 1 de febrero. La consigna que nos convoca es: La vida está en riesgo ¡Basta! Al clóset no volvemos nunca más.
Como se desprende de lo dicho hasta acá, entonces, quienes estamos convencidxs de que no existe una práctica pedagógica neutral; de que la ESI es una herramienta que aporta a la construcción de sociedades más justas; y de que el adoctrinamiento se supera diseñando proyectos de enseñanza y conversando con las familias y la comunidad, antes que censurando, seguimos desde cada aula y en cada organización activista bregando por el pleno goce de derechos sexuales-educativos, y participando comprometidamente para dar esta pelea.
Publicada el 31 de enero de 2025
Si te gusta lo que hacemos en Gloria y Loor podés apoyarnos asociándote a la Cooperadora de GyL
